THALIA #1

CONTRA EL LOCKOUT

http://www.elgermen.com.ar

Frente a la desmesurada protesta de los empresarios agropecuarios, un grupo de economistas autoconvocados hemos decidido salir a dar una respuesta fundada en nuestra formación profesional. Creemos que los cuestionamientos realizados a la política económica son preocupantes, sobre todo teniendo en cuenta que tratan de instalar como intereses generales y de todo la sociedad lo que en realidad son intereses sectoriales utilizando métodos que han acompañado todos los golpes de estado en nuestro país, métodos por demás criticados cuando quienes encabezaban las movilizaciones era un grupo de desempleados e indigentes. Por esto sentimos que es importante hacer oír nuestra posición, ya que las voces favorables a esta protesta han sido amplificadas por todos los medios de comunicación.

Las retenciones son una herramienta para evitar que el alza de los precios internacionales impacte en los precios internos de los alimentos. Son también un mecanismo redistributivo y un instrumento para promover la diversificación productiva. Permiten resolver, a su vez, el conflicto entre el aumento de los precios internacionales y la política de tipo de cambio alto, sin por ello afectar la producción del campo. Ello se evidencia en el fuerte incremento de la cosecha: de 69 millones de tn. en 2002-03 a 85 millones de tn. en 2006-07 en la producción de soja, maíz, trigo y girasol.
El esquema de retenciones móviles es una medida acertada para dar mayor previsibilidad de precios y rentabilidad y luchar contra la inflación. Busca, asimismo, evitar el riesgo de una excesiva concentración de la actividad agrícola en torno a la soja, aspecto que aumenta la vulnerabilidad económica y tiene negativos efectos sobre las restantes producciones agropecuarias.
Es cierto que las realidades en el agro no son todas iguales. Los pequeños productores tienen en algunos casos situaciones atendibles, pero éstas no dependen del nivel de las retenciones sino de políticas específicas. La concentración es un serio problema que afecta al conjunto de la economía argentina y debe atenderse mediante otras acciones de políticas económicas vinculadas con acceso al financiamiento, la provisión de apoyo técnico para incrementar la productividad, la reestructuración de las cadenas productivas y la transparencia en la formación de precios y el funcionamiento de los canales de comercialización.
La rentabilidad de la producción agraria continúa siendo elevada. Según un trabajo de los economistas Javier Rodríguez y Nicolás Arceo, aún con el esquema de retenciones móviles actual, la rentabilidad por hectárea duplicará este año el promedio obtenido durante la Convertibilidad. Es más, dados los elevados precios internacionales de los productos primarios el incremento de las retenciones a las exportaciones no sólo no determina una contracción en los márgenes de rentabilidad de la producción agrícola con respecto al último año, cuando ya era elevada, sino que esta se incrementaría en un 38%.
Esta realidad muestra claramente que el agro disfruta de una prosperidad y rentabilidad sin precedentes basada en la política económica implementada. La prolongación del lock out y la desmesura del reclamo muestran que estos sectores, ubicados en el decil más alto de la distribución del ingreso, buscan cuestionar la política económica en su conjunto.
Los economistas comprometidos con la reindustrialización y un modelo de crecimiento con empleo, distribución equitativa de la riqueza e inclusión social rechazamos el lock out e invitamos a los productores agrarios a sentarse a dialogar para la generación de soluciones que involucren al conjunto de la sociedad y no sólo a intereses sectoriales.

RECOMENDACION #1

La teoría económica contra los argumentos del campo

Por Axel Kicillof

Economista, investigador UBA/Conicet.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3433-2008-04-02.html

La teoría económica pura rara vez es noticia. Sin embargo, para comprender el actual conflicto que enfrenta a las asociaciones rurales y al Gobierno es imperiosamente necesario desempolvar viejas controversias conceptuales. En efecto, a primera vista, la pelea entre el campo y el Gobierno parece ser una simple cinchada para apropiarse de una bolsa de recursos, tironeo que, fuera de los desbordes verbales de los protagonistas, no parece encerrar ningún misterio. Porque, siempre en el terreno de las apariencias, nada hay más natural que el planteo del campo: dicen que tanto sus productos como la totalidad de su precio les pertenecen por completo y cualquier intento del Estado de apropiarse una parte es una intromisión inadmisible o, como gustan decir, una “confiscación”. Sin embargo, doscientos años de teoría económica desmienten esta apariencia.
El argumento de las asociaciones agrarias en contra de las retenciones tiene tres pasos: 1. Como ocurre en cualquier negocio, el empresario realiza una inversión y en base a su inversión obtiene su producto; 2. Como ocurre en cualquier negocio, si los precios de venta de ese artículo se elevan, la ganancia adicional corresponde exclusivamente al productor. Nadie tiene derecho a meter la mano en el bolsillo ajeno; 3. Si el Gobierno pone un impuesto especial a una rama favorecida, está castigando al empresario que acertó al realizar su inversión y, sobre esa base, nadie querrá realizar nunca nuevas inversiones, ya que pensará que el Estado le va a quitar una parte si el negocio es exitoso.
De estos tres puntos se deduce que, aunque el campo esté atravesando una época de bonanza, ponerle impuestos especiales configuraría una intromisión indebida en la libertad de empresa, generaría incertidumbre y acabaría finalmente con la inversión.
La economía científica, no obstante, muestra con claridad aquello que el campo quiere negar: en la producción agropecuaria no ocurre lo mismo que en cualquier otro negocio. La diferencia es la siguiente. Si en una rama industrial se registrara un incremento de la demanda y un consecuente aumento de precios, los productores obtendrían ganancias extraordinarias. Pero en cualquier negocio estas superganancias serían sólo transitorias. Con el tiempo, podrían sumarse nuevas firmas que con una inversión similar producirían exactamente el mismo artículo en exactamente las mismas condiciones, aumentando así la oferta hasta que tal ganancia extraordinaria se esfumara. Sin embargo, autores como David Ricardo, fundador de la escuela clásica, o Alfred Marshall, fundador de la escuela neoclásica, señalaron que en la producción agrícola existe una diferencia sustancial: como la actividad se asienta sobre determinadas circunstancias climáticas y de fertilidad del suelo, a diferencia de otras ramas, ningún inversor puede reproducir esas mismas condiciones naturales, por más que hacerlo represente un excelente negocio. Mientras las máquinas e instalaciones industriales se pueden producir en escala más amplia cada vez que sea conveniente elevar la oferta, las magníficas tierras de la pampa húmeda se pueden comprar o vender, pueden cambiar de manos, pero no es posible multiplicarlas. En el campo se puede ampliar la oferta, pero utilizando peores tierras. Condiciones naturales más favorables significan menores costos y las tierras argentinas históricamente han permitido producir con costos menores, en relación con otras zonas, incluso a escala mundial. Es por eso y no por la pericia inigualable de los terratenientes argentinos, que llegamos a convertimos en “el granero del mundo”.
Si bien el precio mundial del trigo, el maíz o la soja es el mismo para todos los vendedores, en algunas regiones de nuestro país los costos son muy inferiores. Mientras el precio de los productos industriales tiene, en términos generales, dos componentes: costos y ganancia, el precio de los productos agrarios tiene tres: costos, ganancia y renta del suelo. La renta es entonces equiparable a un precio de monopolio. Los dueños de las mejores tierras (como las de Argentina) se quedan con esa diferencia que no se debe a la inversión ni al esfuerzo sino a las condiciones naturales. La producción agraria no es como cualquier otro negocio, sino que podría decirse que en este sentido se asemeja mucho a la producción petrolera. En ambas existe una renta, un margen por encima de la ganancia normal debida al monopolio sobre ciertas tierras excepcionales.
Es por eso que, fuera de las tierras marginales, en Argentina existe una fuente de ganancias extraordinarias o, más precisamente, de renta del suelo que deja en las manos de los propietarios un monto adicional cuando los productos se colocan en el mercado mundial. Es falso entonces que las retenciones impliquen una confiscación de la ganancia legítimamente obtenida por los inversores, como en cualquier negocio. Las retenciones gravan básicamente ese adicional del precio sobre la ganancia normal que obtienen quienes producen en tierras excepcionales, como las de buena parte de Argentina.
Esta consideración teórica es, claro está, independiente del modo en que se utiliza la recaudación y lo es también del hecho de que quienes producen en zonas marginales (con los precios actuales la frontera se ha corrido significativamente) puedan recibir algún apoyo especial. Ante aumentos de los precios internacionales tan abruptos como los que experimentaron las exportaciones de nuestras exportaciones (la soja y el girasol casi se duplicaron en un año), lo razonable es aplicar impuestos que graven la renta del suelo. Los costos pueden haber aumentado, pero no se han duplicado, de manera que lo que creció es el componente renta. Las retenciones, aunque sean muy elevadas, pueden dejar ganancias razonables para el productor –similares y hasta superiores a las de otras ramas– y, además, mantener más bajo el precio interno de los alimentos. Aquí no está en disputa una porción de la ganancia, sino la renta del suelo originada en las condiciones naturales. Es cierto que los pequeños productores marginales sufren más y que puede brindarse un apoyo especial. Es cierto que debe discutirse el uso de los recursos. Pero es absolutamente falso que las retenciones sean una confiscación o un robo. Es estricta justicia distributiva.

Agflación

DEBATES DE ACTUALIDAD
Soberanía alimentaria
Por Alfredo Zaiat
http://www.itf.org.ar/

El campo es una bienvenida fiesta que brinda una imprescindible base de sustentación para cualquier proyecto de desarrollo en un país con las características de Argentina. Las señales de precio de esa bonanza son evidentes: los precios en dólares del maíz, girasol, trigo y soja han registrado un recorrido alcista hasta marcar picos históricos. Las cosechas y rindes han registrado máximos. Este boom viene acompañado de producción récord de maquinaria agrícola, fertilizantes y agroquímicos. Este favorable cuadro económico se tradujo en un alza pronunciada del valor de los campos, generando lo que se denomina efecto riqueza positivo de los dueños de la tierra. Y el contexto internacional ofrece una perspectiva muy alentadora para suponer que el actual ciclo se prolongará durante varios años más. Frente a ese escenario, uno de los impactos más relevantes en la economía mundial ha sido el alza de los precios de los alimentos. Incluso algunos analistas empezaron a especular con que esos precios se duplicarán en pocos años.
Ante esa perspectiva se plantea una cuestión clave para los gobiernos: cuál es la política para asegurar la soberanía alimentaria. Se trata de una cuestión con escaso debate público, reservado por ahora a ámbitos académicos. A nivel masivo sólo se ha expuesto la paradoja de que un país como Argentina, que produce alimentos para más de 300 millones de personas, un importante porcentaje de sus 40 millones de habitantes no puedan alimentarse adecuadamente. Pero ahora la discusión es más amplia, por caso, debido a que se ha puesto en controversia una función milenaria del campo como fuente para producir alimentos para las personas, para pasar a ser proveedora para elaborar biocombustibles.
Por ejemplo, la explosiva demanda de maíz por parte de Estados Unidos, primer productor y exportador mundial, para la producción de etanol como combustible gatilló una disparada del precio de esos granos. Así, por ejemplo, se colocó a México, uno de los principales consumidores de maíz, grano base de la alimentación de su población, en una situación de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria. Se plantea, entonces, la opción entre el derecho a la alimentación y la ampliación de la actividad agrícola como proveedora de materias primas para elaborar combustibles.
La búsqueda de fuentes de energía alternativas y, a la vez, las transformaciones de pautas de consumo a nivel mundial, en especial en Asia, donde se van incorporando millones de personas al mercado de alimentos, provoca una fuerte alteración de un mercado sensible: la accesibilidad de los alimentos, por precio, calidad y cantidad, para la mayor parte de la población. Lo que se define como soberanía alimentaria.
Esos cambios estructurales, que generan un complejo y fascinante fenómeno a nivel mundial, tienen su traducción en lo que ahora se ha convertido en un término de moda: agflation, la combinación de agricultura e inflación. Consiste en un aumento en el precio de los alimentos que se produce como resultado de un incremento de la demanda de consumo humano y su uso como una alternativa en materia de recursos energéticos. En casi todos los países la agflation está produciendo manifestaciones de protesta. Aquí fue el boicot al tomate; en México la rebelión fue por el alza de la tortilla de maíz. Lo que se pone en cuestión con la agflation es lo que se conoce como soberanía alimentaria.
En Argentina, ese fenómeno se despliega en un contexto de incremento de la demanda por la mejora del ingreso medio de la población, de crecimiento de las exportaciones alentadas por los atractivos precios internacionales y por el elevado tipo de cambio. Ante esa situación, el gobierno apeló a casi todas las herramientas disponibles en el manual básico de intervención:
1. Subsidios mediante un mecanismo de compensaciones en la cadena del trigo (harina-pan) y del maíz (ganado vacuno y porcino), entre las más importantes.

2. Retenciones a las exportaciones para evitar que los elevados precios internacionales se trasladen a los locales.

3. Mecanismos para facilitar la importación, en el caso de la papa.

4. Restricciones a las exportaciones de trigo y carne para asegurar el abastecimiento interno.

5. Fijación de precios de referencia de venta al público en los principales cortes de carne y frutas y verduras.

6. Acuerdos de precios con las cadenas de comercialización y principales productores de alimentos.

7. Intervención en mercados concentradores, el de Hacienda y el Central.

8. Boicot de compra, en el caso del tomate.
Esas medidas tuvieron resultados dispares en cuanto a su efectividad, en un contexto donde los países van buscando mecanismos para enfrentar el aumento del precio de los alimentos. Caminos que se van explorando en un mundo que está caminando por un sendero desconocido como el de convivir con alimentos caros durante un prolongado período.

CitandoAKnº2

"Por cien años o más, la economía política inglesa estuvo dominada por una ortodoxia. Esto no significa que haya prevalecido una doctrina inalterada. Por el contrario, se produjo una progesiva evolución de la doctrina. Pero sus presupuestos, su atmósfera, su método se mantuvo sorprendentemente inconmovible; puede observarse una notable continuidad a través de todos sus cambios. En esa ortodoxia, en esa transición continua, crecí yo. Yo la aprendí, yo la enseñé y yo la escribí. Para aquellos que miran desde afuera probablemente yo pertenezco todavía a ella. Los futuros historiadores de la doctrina considerarán a este libro [T.G.], esencialmente, como parte de la misma tradición. Pero yo, por mi parte, al escribirlo y en los trabajos recientes que me llevaron hasta aquí, siento estar rompiendo con esa ortodoxia, me siento en rebeldía, escapando de algo, conquistando la emancipación."

Keynes 1973 [1939]; trad. AK

CitandoAKnº1

"La respuesta ortodoxa consiste en echarle la culpa al obrero, por trabajar demasiado poco y ganar demasiado"

Keynes, Las consecuencias económicas de Mr. Churchill